Con informe de Defensoría el gobierno intenta limpiar su imagen ante el mundo por hechos de Bagua
El último informe de la defensoría del Pueblo sobre los sucesos de Bagua, en el que señala que no se ha podido comprobar la desaparición de indígenas, es enviado por el Ministerio de relaciones Exteriores a los países y organismos internacionales a fin de limpiar la imagen del gobierno ante la comunidad internacional.
El mencionado informe, emitido por la Defensoría con fecha del 2 de julio, señala que los actos de violencia ocurridos el 5 de junio en la llamada Curva del Diablo en Bagua, Amazonas, arrojaron un saldo de 33 personas fallecidas (23 efectivos policiales, cinco pobladores de Bagua y cinco indígenas), 200 personas heridas y 83 detenidos, de los que 18 se encuentran en el Centro Penitenciario de Huancas, en Chachapoyas.
Sin embargo, en la página 25 del informe, indica que luego de las visitas realizadas a las comunidades de la lista de 60 personas posiblemente desaparecidas elaborada por un periodista local, no se ha logrado corroborar si 12 de ellas retornaron o no a sus comunidades sin precisar más detalles sobre estas personas, luego de indicar que las restantes ya retornaron a su lugar de origen o se encuentran recluidos en Chachapoyas.
En relación al Mayor PNP Felipe Bazán Soles, el informe indica que el cadáver encontrado el 26 de junio en el río Marañon no correspondería a la del efectivo, sino al de una mujer que habría fallecido hace 8 meses.
Es necesario precisar que la Defensoría no da mayores detalles sobre las diversas denuncias de organismos de derechos humanos sobre violaciones al debido proceso contra varios detenidos, limitándose a precisar que todos cuentan con defensa técnica legal a cargo del Vicariato de Jaén Comisión Episcopal y de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).






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